domingo, octubre 2, 2022

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El predio que Uribe y su familia tendrían que devolver por ser baldío del Estado

Aunque los abogados del expresidente adelantan un proceso para legalizar la propiedad de El Laguito 2, administrada por la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, la Agencia Nacional de Tierras confirma que no hay títulos legítimos y pide recuperarlo para la Nación.

Desde el aire, se ve cómo el lindero de la finca El Laguito 2 –que tiene un área de 8,3 hectáreas, es decir, 83.400 metros cuadrados– forma un hexágono en medio de un terreno mayor de 70 hectáreas, ubicado entre los municipios de Montería y San Carlos (Córdoba). Laguito 2 le pertenece a la Sociedad Agropecuaria el Ubérrimo, la misma empresa que administra una hacienda con ese mismo nombre en Montería, y reconocida como la propiedad más famosa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia en Córdoba.

Justamente Laguito 2 aparece en un auto expedido el pasado 28 de julio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el que la entidad concluye que la propiedad tiene “naturaleza jurídica de bien baldío”. La conclusión llama la atención porque los baldíos le pertenecen al Estado y, en caso de ser adjudicados, solo se les pueden entregar a algunas comunidades indígenas, campesinas o afrocolombianas, condiciones con las que no cumple el ex mandatario y líder del Centro Democrático ni su familia.

El auto de la ANT, resuelve, además, remitir el expediente “a la subdirección de Acceso a Tierras, con el fin de que se adelanten las acciones pertinentes”. De acuerdo con un abogado que ha seguido de cerca el caso, esta decisión puede abrir la puerta para que Uribe y su familia tengan que devolver el predio para que sea administrado por la Nación.

La misma Corte Constitucional estudia una ponencia, -cuya decisión debería conocerse este viernes- que propone una serie de reglas para solucionar el problema de los baldíos. Si la Sala Plena la aprueba, se trataría de una decisión inédita. No solo significaría la revisión de miles de sentencias, para acabar con la acumulación de tierras.

La ponencia es del magistrado Antonio Lizarazo. En ella, el ponente propuso una serie de reglas para solucionar el caos. En esa ponencia se dice que gran parte del enredo actual —si no todo— radica en que hace unos años, por una interpretación de jueces civiles (que, según la ponencia, estuvo mal), la justicia les entregó baldíos a terceros, bajo una figura jurídica que se llama prescripción de dominio. En palabras muy sencillas, ese recurso les permite a terceros (no propietarios) pedirle a un juez que les otorgue un pedazo de tierra, después de probar que han vivido en ella y la han explotado por determinado tiempo, sin necesidad de aportar títulos ni tener una tradición del dominio. Ese parece ser el caso del predio Laguito 2.

Pero el enredo con el saneamiento de El Laguito 2 no es nuevo. Una investigación del periodista Juan Pablo Barrientos, publicada en Vorágine en septiembre de 2020, reveló que la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. ocupó y explotó esa propiedad al menos desde 2012, y mostró documentos que probarían que Lina Moreno, esposa del expresidente Uribe, y quien representa a la empresa, buscaba legalizar la propiedad de la finca a través de una demanda interpuesta en 2019 ante el juzgado promiscuo del municipio de San Carlos, Córdoba, donde está ubicado el lote.

Se trata de un proceso declarativo de pertenencia con el que buscaban la titularidad de El Laguito 2 bajo el argumento de que la sociedad de Moreno, Uribe y sus hijos tenía desde más de siete años atrás el dominio del predio, señalando que ellos pagaban el impuesto predial.

El proceso iba marchando en el juzgado, pero cuando llegó a manos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté, Córdoba, esta determinó que El Laguito 2 “carece de dominio privado, y por ello reviste la naturaleza de bien baldío de la Nación y por ende [es] imprescriptible”.

De hecho, la decisión de la ANT emitida en julio pasado, casi tres años después de ese concepto de la Oficina de Registro, recuerda que, según los “preceptos jurisprudenciales”, existe la “prohibición de adquirir la propiedad de predios de naturaleza jurídica baldía por el lapso del tiempo, y si bien sus ocupantes, adquieren una legítima expectativa y preferencia sobre los mismos (…) no se convierten, per se, en propietarios”.

En otras palabras, según la ley, no importa que la familia de Uribe haya usufructuado el lote durante varios años, e incluso pagado sus impuestos, pues por ser un baldío su disponibilidad le corresponde a la Nación (y a la Agencia Nacional de Tierras, para ser más precisos).

Aunque exista constancia de todas estas situaciones, hasta hace poco la Agencia Nacional de Tierras no había tomado acciones.

Sin embargo, en 2020 el defensor de la familia Uribe que lleva el proceso le dijo: “Si dado el caso en un momento determinado llegase a no ser posible el saneamiento, eso no tiene ningún problema, yo mismo acudo a la Agencia Nacional de Tierras y se lo entrego, eso no tiene ningún inconveniente”.

Ahora, con la orden de enviar el expediente a la subdirección de Acceso a Tierras de la ANT, habrá que esperar a que esta dependencia se pronuncie sobre el futuro de El Laguito 2, cuya propiedad debería ser restituida a la Nación.

Los escenarios posibles sobre el futuro de Laguito 2

“El proceso de clarificación de la propiedad tiene como objeto determinar la naturaleza jurídica del inmueble”, una persona que ha trabajado antes en dependencias de la ANT y quien pidió reserva de su nombre. “Solamente es privado aquello que salió del dominio del Estado […] para ello el propietario debe acreditar tradición de dominio y que el inmueble salió de la propiedad del Estado”. En este caso, de acuerdo con esta persona, se logró determinar que Laguito 2 es de naturaleza baldía porque los documentos que supuestamente certificaban la propiedad privada sobre ese inmueble tiene una tradición falsa: “no se pudo determinar a quién pertenecía realmente este predio”.

“Como autoridad administrativa la Agencia Nacional de Tierras no puede controvertir lo que ya han dicho los jueces”, asegura esta fuente, y en ese sentido hay “dos fallos que ya determinaron que ese inmueble es baldío. Por eso la ANT no llevó a cabo la investigación, pues una sentencia judicial funge como prueba de que el terreno le pertenece a la Nación”, explica.

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