domingo, octubre 2, 2022

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Crece Emergencia por inundación en La Mojana

La Procuraduría alertó que se sigue presentando esta situación a pesar de obras ejecutadas para mitigar el impacto del agua en la región.

La Procuraduría General de la Nación advierte que la emergencia por la inundación en La Mojana, que ha dejado más de 63.000 damnificados y afectaciones en cerca de 21.000 hectáreas, ha crecido de forma alarmante, a pesar de la ejecución de las obras contratadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que desde hace 11 meses buscan superar la problemática.

Durante el recorrido por la zona afectada, el equipo técnico del ente de control evidenció que la situación es preocupante. La emergencia tuvo origen el 27 de agosto de 2021 cuando se presentó el rompimiento de 15 metros de longitud en el dique construido sobre la margen izquierda del río Cauca a la altura del sitio conocido como ‘Cara de Gato’, y el boquete actualmente se extiende por aproximadamente un kilómetro.

En este sector, las obras de emergencia tuvieron costos por $19.852 millones, para el control de eventos de inundación que sucedieron en el año 2020 en Cara ‘e Gato, jurisdicción del municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, que buscaban generar una solución definitiva a la amenaza de riesgo para los municipios de Ayapel, San Marcos, San Benito de Abad, Caimito, Sucre, Guaranda y Majagual, solo iniciaron su ejecución en septiembre de 2021 y el 3 de marzo pasado se conoció que una creciente súbita del río Cauca, provocada por las fuertes lluvias que se registran en el interior del país, rompió 40 metros del jarillón de la primera fase y se generó la consecuente inundación sin que el proyecto se haya culminado.

En este sentido, y para el manejo de la emergencia, la Procuraduría propone agilizar las obras evaluando la posibilidad de implementar un segundo frente de trabajo en el extremo norte del boquete, y considerar la construcción del dique teniendo como referencia los niveles máximos del río Cauca para contener eventuales subidas de nivel y prevenir el riesgo de colapso de la estructura construida.

Además, para el ente de control es prioritario que, en el desarrollo del canal de desviación que se construye para reducir el caudal de agua que pasa por la zona de la emergencia, se aseguren las condiciones técnicas que permitan la protección de los predios aledaños y especialmente de la comunidad de Méjico.

La Procuraduría también plantea promover la actualización de los POT de las entidades territoriales de La Mojana con una participación activa de la comunidad, con el fin de que sean instrumentos para facilitar la Gestión del Riesgo de Desastres, el desarrollo social, económico y ambiental de la región, sin afectar su vocación natural de regulación de caudales de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena.

En contexto

Embolatada la plata de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

De $9.4 billones que le fueron aprobados al Fondo Adaptación desde el 2012, se han asignado $8.1 billones y contratado $7.7 billones, para la ejecución de cinco megaproyectos: Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y Río Fonce, en seis sectores (vivienda, educación, salud, acueducto, transportes y reactivación económica).

Ninguno de estos proyectos se ha concluido y se han presentado atrasos e incumplimientos reiterados. Así mismo, no se ha terminado ninguno de los proyectos para la atención de necesidades de las comunidades afectadas.

Durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha comprometido recursos por $3.3 billones, representados en 255 proyectos, de los cuales 44 han sido terminados (el 17,2%), 80 están en ejecución y 131 en proceso de contratación.

Por otra parte, la Contraloría ha podido identificar que, en los últimos 18 meses, sólo con destino a la atención de eventos, cuyo impacto en vidas, bienes, medio ambiente ha resultado altamente representativo, se ha destinado una inversión que supera los $1.18 billones de recursos del orden nacional y territorial.

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