La Fiscalía acusa a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, de haber encabezado una asociación para defraudar al Estado cuando era presidenta, entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
El fiscal Diego Luciani, al frente de esta causa que se conoce como «Vialidad», Pidió esta semana 12 años de cárcel para Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La también expresidenta asegura que esta acusación de corrupción —la única contra la vicepresidenta que ha llegado a la instancia de juicio oral— no tiene fundamentos y que se trata de una persecución en su contra suya y del proyecto político que representa. En sus palabras, afirma que no está «ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial» y que la condena en su contra ya está escrita.
¿De qué acusan a Cristina Fernández de Kirchner?
Fernández está acusada de haber encabezado una asociación ilícita para defraudar a la administración pública durante un período que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero.
La Fiscalía afirma que junto a varios exfuncionarios de su gobierno direccionó contratos millonarios de obras viales que, según la querella, quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias.
Fernández de Kirchner rechaza esas acusaciones.
La acusación hace referencia, específicamente, a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de la que era oriundo su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de sus carreras profesionales y políticas antes de saltar a la escena nacional.
En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro Báez, exsocio del matrimonio Kirchner y a quien los fiscales señalan como el principal beneficiario de esta supuesta defraudación. En otras palabras, que habría sido él el favorecido con el direccionamiento de las obras, y que luego, por distintas vías, habría beneficiado económicamente a sus supuestos socios.
El fiscal Luciani —quien fija el inicio de la supuesta defraudación en el Gobierno de Néstor Kirchner— afirma que, para hacer el desvío de fondos, «de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa».
Sobre Báez ya pesa una condena a 12 años de prisión, dictada en 2021, por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015, y que ha sido apelada por su defensa ante la Cámara de Casación. Sobre esta condena, su abogado afirmó que es producto de una supuesta “persecución política y mediática”. La defensa de Báez negó las acusaciones, alega que las pruebas utilizadas para confirmar la asociación ilícita pertenecen a otro expediente y que durante los alegatos demostrará que la fiscalía miente en sus argumentos.
En la causa están imputadas 13 personas, incluida la vicepresidenta. Otro de los implicados más conocidos es el exministro de Planificación Julio de Vido, cuyos abogados respondieron que las acusaciones en su contra faltan a la verdad y que darán sus respuestas en los alegatos correspondientes.
