Casi todos los problemas de Colombia se pueden reducir a una causa: la desigualad en la propiedad de la tierra.
El 1% de la población en Colombia es dueña del 81% del territorio, según la ONG Oxfam. Es uno de los índices de inequidad más altos del mundo.
Esto, añadido a otras complejas variables, resultó, de una manera u otra, en el surgimiento de las guerrillas y los paramilitares, en la producción en masa de hoja de coca, en la creación de poderosos carteles del narcotráfico y en el desarrollo de una estructura clientelar que define la política y la economía.
Pero el problema de la tierra y sus consecuencias son mucho más complejos que eso. Durante décadas los gobiernos han intentado resolverlo, sin éxito. Se enfrentan a importantes grupos de poder, un fragmentado territorio y un aparato estatal cuyas iniciativas solo parecen generar burocracia en lugar de soluciones.
El nuevo presidente, Gustavo Petro, llegó al poder con la promesa de hacer, de una vez por todas, la reforma agraria que durante décadas ha sido dilatada, o mal ejecutada. Ya anunció la titulación de 700.000 hectáreas de tierra a 12.000 campesinos y firmó un inédito acuerdo con terratenientes ganaderos para comprar y entregar tierras a agricultores.
