El Congreso de la República aprobó la Ley 2283 de 2023 en la que los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), en la que los obliga a adquirir un nuevo seguro para los conductores de vehículos particulares. Sin embargo, esa medida podría generar déficit en el negocio.
En dicha ley, según el Artículo 6 parágrafo 2, el valor asegurado debe ser de mínimo 15 salarios mínimos legales mensuales para vehículos de servicio particular y siete salarios mínimos para motocicletas y similares.
Sin embargo, Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor (Aso CDA), aseguró que esta ley es inapropiada y no hay manera de sostener los costos que exige.
«No habrá manera de sufragarlo, no hay formas para poder sostener los costos, no tenemos los recursos suficientes para cubrir esas pólizas», indicó Corredor al periódico El Tiempo.
Por su parte, Aso-CDA anunció que demandará esta ley por inconstitucionalidad por vicios de procedimientos y forma. Además, según el presidente de la asociación el parágrafo de esta norma «no se discutió en los debates ante la Cámara de Representantes», sino que «la senadora Ana María Castañeda lo incluyó a última hora».
Además, Gonzalo Corredor agregó que este seguro podría generar la misma corrupción del Soat.
«Cómo vamos a responder nosotros mismos por la irresponsabilidad al volante de los conductores. Esto podría generar algún inconveniente mayor o igual que el Soat, porque ahora con la foto de los conductores se podrían simular accidentes, haciendo que estos acudan a la póliza, generando más corrupción», puntualizó.
