Se cumplen hoy dos meses de haber presentado la impugnación a la sentencia de tutela, que equivocadamente acogió tesis que no aplican para el caso de mi acción de tutela.
La ley le da a la Sala de Casación Laboral que la tiene, quince días hábiles para proferir el fallo. Ya han pasado más de 30. Eso poco me importa si el caso, verdaderamente está en estudio profundo, imparcial e independiente. Así renuncio a los términos, y que la decisión salga cuando con argumentos de fondo deba salir.
Mientras tanto compartiré con la opinión ciudadana algunas reflexiones demostrativas de las irregularidades manifiestas que lleva mi caso.
Todas estas demostraciones, resultan ser, insistimos, afectaciones sustanciales a mis derechos fundamentales y a mis garantías procesales. Pero debe partirse siempre, de mi afirmación, que nunca ha sido derrotada, de que no recibí, ni endosé ni cobré cheque alguno. Por consiguiente no puede haber delito de enriquecimiento alguno de particulares.
Está demostrado que el 1 de mayo de 1994, me encontraba en Cartagena desde el primer vuelo de la mañana hasta el último de la noche. Así lo certificó con los pasajes, la empresa Avianca. Y por consiguiente no podía estar en Cartagena y Cali a la vez, al mismo tiempo. Y estaba conmigo en ese viaja a la heroica, también el comprador de mis derechos, al menos personales sobre el lote La Arabia.
Debió la administración de justicia ordenar una investigación financiera, que se ocupara, estudiando los dineros consignados en la cuenta bancaria de Export Café Ltda. Esa experticia contable debía ocuparse del gran tema, de que las consignaciones no solo eran de personas que habían ejecutado acciones de narcotráfico, sino que provenían expresamente de estas. También tienen generalmente operaciones de origen lícito.
Pero las autoridades judiciales le dieron validez total a todo lo que dijo Pallomari o quien dijo serlo. Y la experticia ni se decretó ni se practicó. He demostrado, y operan en el plenario, que hubo, por ejemplo, millonarias consignaciones realizadas en esa cuenta por Puestos de la Bolsa de Bogotá. Y el mutismo judicial fue rotundo, cómplice y perverso.
Nada está demostrado en consecuencia. Hay presunciones, que ni siquiera admiten pruebas en contrario, inadmisibles dentro de una precisa y clara aplicación de la ley.
De allí debía partir la investigación con sometimiento a la ley. Pero partió de problemas de petición de principio consistentes en presumir lo que debía probarse, y no se probó jamás.
Recuerdo que no se me permitió contrainterrogar al presunto Pallomari, el que autoridades del Estado Colombiano aseguran que es el usurpador de la identidad de un muerto. Esas afirmaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía hace 29 años, el 8 de julio de 1974, cuando ni siquiera se había abierto mi instrucción, y el mutismo cómplice al parecer también operó frente a tan grave tema. Todo esto huele a ardid, a patrocinio de tramoya mezquina, a colonia que no debió operar jamás.
Lo cierto, para todos los efectos, es que decretada la prueba que quería demostrar la falsedad de sus testimonios, esta no se realizó, por consideraciones ajenas al imputado o sindicado. Y consecuencialmente sin mérito probatorio para asegurar un delito.
Lo cierto también resulta ser que cuando le preguntaron al presunto Pallomari a quien le había sido girado el cheque que se investigó, el 3214525 de Exportcafé Ltda, dijo NO SABERLO. Luego no hay siquiera una imputación con sustento probatorio. Lo que hay son afirmaciones mentirosas sobre las cuales inclusive hay resoluciones de preclusión en firme, decretadas por la propia fiscalía.
Lo cierto es que ese cheque fue girado a nombre del señor JUAN PEREZ M, y que este lo endosó con su firma y cédula. Presumieron las autoridades judiciales que eran un nombre y firma falsos, sin comprobarlo, como le resultaba perentorio hacerlo. Y no lo hizo. El endoso no transfiere causa, debo insistir en el respeto a la legislación comercial y bancaria.
Es esa la justicia garantista que promovió la Asamblea Nacional Constituyente? No lo es. Esta tan solo resulta ser la más grande falacia para sacarme del juego electoral, como yo lo aseguro.
Y dijo que los dineros me los dieron para financiar mi campaña al Congreso en 1994. Está comprobado en el plenario que yo no fui candidato ni al Senado de la República ni a la Cámara de Representantes para ese período. Y está demostrado que las elecciones fueron el 11 de marzo de 1994 y el cheque es de 1 de mayo de 1994, dos meses después de estas. Y yo no he sido jamás el hombre de contextura atlética que aseguró que era yo el que había estado en Cali en el edificio Vizcaya recibiendo dineros de ese Cartel. De eso se ocupó la investigación que terminó con Resolución Inhibitoria firmada por el Fiscal General de la época, Alfonso Valdivieso Sarmiento, acogiendo las alegaciones de Jaime Bernal, mi abogado, la que jamás ha sido revocado por otra de su idéntica jerarquía positiva.
Toda la condena es la sumatoria de mentiras, que no pueden seguir afectando la vida atormentada de un adulto mayor, que no quiere morir, por no ser un bandido, con el inri de delincuente.
Que el tiempo tomado sirva para responder estos interrogantes escritos con mucha fe en los Jueces de hoy.
