domingo, abril 14, 2024
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Alerta por terminación del servicio de alimentación a los detenidos en las URI y estaciones de Policía

Alerta por terminación del servicio de alimentación a los detenidos en las URI y estaciones de Policía

Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (Uspec) anunció que el suministro de comida irá hasta julio cuando deberá estar lista la transición para los nuevos encargados

Las cárceles y centros de detención del país pasan por una situación de hacinamiento y desorden que impiden la garantía de los derechos de los detenidos. A esto se suma una compleja transición que deberá estar lista antes de que termine el mes para que los presos no se queden sin que comer.

A partir de agosto de 2023, las alcaldías y gobernaciones deberán asumir la oferta de raciones de alimentación a los detenidos en centros de detención y URI. La Uspec, que es la actual encargada, anunció que a partir del 31 de julio dejará de cumplir con esa responsabilidad, lo que ha generado alerta por parte de los organismos de defensa de derechos humanos.

La Uspec le notificó a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos que la determinación se basa en el pronunciamiento de abril de 2022 que hizo la Corte Constitucional en la que señaló que son las entidades territoriales las que tienen la responsabilidad de garantizar los servicios de alimentación en las inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI, y centros similares.

Al alto tribunal había llegado una tutela del personero municipal de Palestina, Caldas, porque los alimentos en las estaciones de policía de la vereda La Plata y el corregimiento de Arauca llegaban tarde, fríos e incluso en descomposición.

El recurso permitió que se contratara un servicio para brindar las raciones de comida por parte de la alcaldía del municipio, pero permitió a la Corte advertir un riesgo y una situación irregular con ese tipo de responsabilidades.

El riesgo es que sería una grave violación a los derechos humanos que haya interrupción del servicio de alimentación a los privados de la libertad. Así mismo, que la Uspec se estaba haciendo cargo de los contratos de comida en varias estaciones de policía y URI del país pese a que no era su responsabilidad.

Esto debido a que las personas detenidas de manera preventiva, es decir que no han sido condenadas, le competen a las Alcaldías y no a los entes nacionales.Este es uno de los problemas que se presentan. En la Estación de Policía de Palestina hay detenidos preventivamente y también condenados, que la Corte solicitó que fueran traslados a centro penitenciarios. Pero en términos de los encargados de su alimentación se genera un choque de responsabilidades.

La Corte señaló que son las alcaldías las que deben asumir el suministro de alimentos a los detenidos preventivamente y que la Uspec únicamente entregue la información para que se puedan establecer las necesidades.

Esto deberá ocurrir a partir del 1 de agosto de 2023.La Defensoría del Pueblo también había alertado sobre ese cambio. En un informe elaborado por su delegada para la Política Criminal y Penitenciaria reveló que 22.659 personas se encuentran privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria en el país; de ese número, el 75% recibe alimentación por la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (Uspec), entidad que la suministra pese a que el deber legal les corresponde a los municipios y departamentos.

Para evitar una grave vulneración de los derechos humanos si los detenidos se llegan a quedar sin alimentación, la Procuraduría le solicitó “al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, a las gobernaciones y alcaldías del país, presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para para garantizar el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria en cada departamento y municipio del país”, a menos de un mes de que deban ponerse en curso.

“Hacemos el llamado a las gobernaciones y a las alcaidías para que aseguren la alimentación de esta población que es de su responsabilidad y competencia”, señaló el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte.

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