«En diciembre llegaban las brisas, para revivir los recuerdos. Para remover el pasado»
A propósito de la narrativa de Marvel Moreno: Jacques Guilard, En diciembre llegan las brisas y los libros a Barranquilla.
En décadas pasadas los barranquilleros podían gozar de ojear las páginas de libros internacionales cuando en su corredor portuario encallaban embarcaciones extranjeras que venían cargadas de libros y abrían una exposición al público de La Arenosa.
Ahora por primera vez la capital del Atlántico acunará una Feria Internacional del Libro, que tendrá lugar en el Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro, del 12 al 15 de diciembre.
FilBac, -Feria Internacional del Libro de Barranquilla, Atlántico y el Caribe-, presentará su Agenda Cultural con todos los detalles, este miércoles 20 de noviembre a las 10:00 am. en Centro Cultural Museo del Atlántico, ubicado en la carrera 39#35-21 de la ciudad de Barranquilla.
«Debe ser una demolición controlada», dijo la Ministra de Transporte.
El Gobierno Nacional se comprometió a entregar $50.000 millones para derribar la parte central del viejo Puente Pumarejo.
«Es como la cuota inicial», dijo el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, en el panel de clausura de la ‘Feria de las Economías para la vida’.
Ahora, la Gobernación buscará cómo financiar el resto de los $104.000 millones que se estima cuesta derribar ese tramo del Puente para permitir el paso de barcos de gran magnitud a la zona portuaria de Malambo.
La Ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, confirmó que ya se adelantaron los estudios para la demolición.
«Tiene que ser una demolición controlada», indicó.
Ministra participó en la Feria de las Economías para la vida.
«Vamos a estar demoliendo la longitud central del puente, un poco más de 400 metros», agregó.
Los extremos del puente serían utilizados para actividades culturales.
El viejo Puente Pumarejo quedó en desuso en diciembre de 2019, cuando se inauguró la nueva estructura.
En el marco de la calamidad que azota a gran parte de los barrios en el suroccidente de Barranquilla, con las fuertes lluvias, tempestades, brisas y tornados, donde muchas viviendas han quedado destechadas, con paredes agrietadas o incluso derrumbadas, como se ha podido apreciar en los diversos videos que circulan por redes sociales y en las noticias a nivel nacional, el Distrito de Barranquilla lanza programa de «Mejoramiento de Vivienda», anuncia más de 14.000 cupos disponibles y evidencia las entregas que realizó durante esta semana.
Sin embargo la comunidad ha realizado veeduría a estas imágenes, identificando que no se muestra en las entregas lo que corresponde al termino utilizado, ‘mejoramiento de vivienda’, acorde a su significado que hace referencia al conjunto de acciones orientadas a consolidar o renovar la viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna, saludable y decorosa, además, el programa debe identificar a las familias mas afectadas y dar un orden de prioridad a las entregas, y hasta la fecha se desconoce que el Distrito haya realizado un censo para tales fines.
En la cuenta personal de X del Mandatario Distrital se pueden observar las imágenes y los mensajes que hacen referencia a las entregas del Programa Distrital
Según informan algunos medios de comunicación, esta semana el alcalde entregó mejoramientos en los barrios Por Fin, Los Olivos, El Romance, California, La Gloria, Cordialidad, Malvinas y La Manga.
En las publicaciones se puede leer que el mandatario expresa: «Esto es más que un mejoramiento de vivienda: es calidad de vida, bienestar, salud, progreso y un refugio seguro ante las fuertes lluvias y vientos de los últimos días en la ciudad. ¡Es la oportunidad para que muchas familias vivan mejor! Aún tenemos más de 14 mil cupos disponibles, así que los invito a inscribirse”.
Sin embargo, las imágenes no concuerdan del todo con sus palabras, ya que mas bien se observan electrodomésticos y muebles decorados con globos, lo que se puede entender como una entrega mas inclinada a dotaciones de mobiliarios para vivienda que en realidad un mejoramiento de vivienda.
Algunos ciudadanos han manifestado en las ultimas hora a HBM que han radicado en la Alcaldía Distrital de Barranquilla Derecho de Petición, solicitando la información de los barrios, direcciones y lista de los materiales utilizados para el mejoramiento de las viviendas.
HBM espera la notificación de las respuestas a los ciudadanos.
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La Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación con multas sancionatorias contra la EPS Salud Total, luego de encontrar al menos una vez presuntos incumplimientos a las normas del Sistema de Salud.
Dichas faltas irían desde no garantizar la entrega oportuna de medicamentos a sus afiliados, atención inadecuada a adultos mayores y mujeres en embarazo, reporte de información inconsistente y pagos inexactos de facturación hasta uso indebido de los recursos de la salud por préstamos y anticipados a su proveedor de medicamentos.
Las presuntas deficiencias por parte de la EPS fueron detectadas por un equipo auditor de la Supersalud durante una visita hecha entre el 9 y el 12 de abril de este año a las instalaciones del punto de atención de Salud Total en Bucaramanga, anunció la entidad en un comunicado.
Durante ese proceso los auditores verificaron las condiciones en que se brindaba la atención al usuario y la dispensación de medicamentos, y a su vez efectuaron una revisión a los documentos, soportes y contratos que daban cuentan de la relación financiera entre la EPS y su gestor de medicamentos en esa ciudad, Audifarma.
Frente a la entrega de medicamentos, en el informe de auditoría se determinó qué, con corte a marzo de 2024, había un total de 15.397 medicamentos que después de 90 días no habían sido entregados a los pacientes, superando la fecha oportuna de suministro.
Al ser confirmada la Acción Popular en su contra, la Alcaldía no podrá seguir actuando con omisión ante el desorden urbano de las empresas de comunicaciones.
Por orden del Tribunal Administrativo del Atlántico, el Distrito de Barranquilla no podrá seguir con el desgobierno institucional ni eludir su responsabilidad en el control de la proliferación de las ‘telarañas’ de cables de telefonía, televisión por cable e internet que afean a la ciudad.
En fallo unánime, con ponencia de la magistrada Carmen Lorduy González, respaldada por sus colegas Judith Romero Ibarra y Lilia Álvarez Quiroz, la Sala de Decisión Oral A confirmó la Acción Popular que el Juez Tercero Administrativo, Edgardo Atencio Royero, concedió el 30 de junio de 2023 al arquitecto y ex profesor universitario Orlando Manjarres, apoyado por el abogado Jaider Jiménez.
En concreto, el juez Atencio ordenó:
1.Que la Alcaldía deje a un lado su actuar omisivo y meta en cintura a las empresas dueñas del cableado aéreo y de las redes remanentes o en desuso que cuelgan por todas partes.
2.Que debe revisar si hay vallas publicitarias que obstruyan el paso peatonal, como lo afirma el profesor Manjarres, y en caso de ser así tienen que ser desmontadas.
3.Que la Secretaría de Espacio Público y la empresa Air-e deben identificar a qué compañías pertenecen las marañas de cables para que la Alcaldía les exija desmontar todas las líneas inservibles; en caso de que sean reincidentes o renuentes a hacerlo, deben aplicarles “sanciones ejemplares”.
Al perder la apelación, que inexplicablemente presentó la administración de Jaime Pumarejo contra una decisión que, como la del juez Atencio, busca acabar con parte del desorden urbano que reina en Barranquilla, el gobierno de Alejandro Char Chaljub tendrá dos meses para cumplir lo que se ordenó; además, debe hacer un seguimiento permanente al cumplimiento de la Acción Popular a través de la Oficina de Control Urbano.
GANA LA CIUDAD: MANJARRES
Orlando Manjarres, quien presentó la demanda en 2017, manifestó, en diálogo con 30dias.co, que la decisión del Tribunal defiende y respalda el bien comunitario sobre el particular, representado en este caso por las empresas de telecomunicaciones; valoró que “pondrá fin a la inexplicable normalización del desorden urbano”que viven los barranquilleros por cientos de metros de cables tirados, colgando o reventados en las calles.
El abogado Jaider Jiménez expresó que el fallo es importante porque es la primera Acción Popular que en esta materia se concede en Barranquilla. “Las empresas de comunicaciones y de publicidad no tenían control, además, el Distrito siempre dijo que ellos no tenían que solucionar este problema, lo cual era un criterio irresponsable, absurdo, como lo demuestra la sentencia”.
Jiménez insistió en que la magistrada Lorduy con su fallo le está diciendo al Distrito que ellos son los directamente responsables de preservar, regular, proteger y cuidar el urbanismo, el medio ambiente y el espacio público, y que esta no es una función que pueden delegar y dejar en manos de particulares.
PROTEGER EL ESPACIO PÚBLICO
Al apelar el fallo, a través del abogado Héctor Romero García, el Distrito alegó que poner orden al desorden de las ‘telarañas’ no era su responsabilidad y argumentó que el juez Edgardo Atencio debió ordenar el desmonte a las empresas Metrotel, Movistar, Tigo – Une, Claro, Construseñales y Air-e, dueñas de los cables vallas y postes.
Pero con base en las normas y la jurisprudencia existente, la magistrada Carmen Lorduy consideró todo lo contrario, y dijo que no le cabe duda al Tribunal que existe una obligatoriedad, incluso constitucional, de los entes territoriales, en este caso Barranquilla, “de velar por la correcta destinación y utilización del espacio público, en los distintos ámbitos de uso u ocupación que en este pueda emplearse”.
Para confirmar la Acción Popular la magistrada ponente tuvo en cuenta que “no se evidencia que el Distrito de Barranquilla hubiese ejercido acción administrativa tendiente a evitar la proliferación de la contaminación visual que se ha generado con ocasión de los rollos de cables que cuelgan de un gran número de postes por toda la ciudad”.
“Si bien –agrega Lorduy González– se reconoce que la propiedad de los postes corresponde a la comercializadora de energía eléctrica Air-e, y que esta, a su vez, permite, a través de acuerdos comerciales suscritos entre privados con empresas de telefonía, el uso del mobiliario para la instalación de redes (…), no es menos cierto que todas esas redes y los postes mismos se encuentran en su totalidad en uso del espacio público, el cual, como ya se mencionó, resulta ser un bien de interés general perteneciente a la comunidad a través del ente territorial correspondiente, al cual le asiste el deber de controlar su correcta destinación”.
ES UN DEBER DE LA ALCALDÍA
Sostiene la ponente que la medida adoptada por el juez Atencio “no resulta ser desproporcionada”, tomando en consideración que no se evidencia que para la correcta instalación o el normal funcionamiento de las redes sea necesario mantener los sobrantes colgados de los postes, y sostiene que “al sopesar tal circunstancia con la contaminación visual que esto genera y el diseño urbanístico, se hace necesario disponer su retiroy las medidas en cabeza de la autoridad competente, para el caso el Distrito de Barranquilla, a fin de evitar la proliferación de esta práctica”.
Concluye la magistrada Carmen Lorduy que “el Distrito de Barranquilla se encuentra en el deber, como autoridad administrativa, de ejercer las acciones positivas para evitar la contaminación visual
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ha presentado una denuncia penal en contra del expresidente de Colombia, Iván Duque, por presuntos delitos relacionados con la compra y uso ilegal del software espía Pegasus durante su gobierno.
La denuncia, radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, se fundamenta en graves acusaciones sobre el uso del software para interceptar comunicaciones de opositores y activistas durante las protestas sociales de 2021.
Cepeda sostiene que Duque habría adquirido Pegasus mediante una compra irregular de 11 millones de dólares, con fondos supuestamente provenientes del narcotráfico, tras reuniones secretas en Israel en 2021.
Según el senador, esta compra no pasó por los procedimientos de contratación pública, lo que genera sospechas de lavado de activos.
Las autoridades israelíes detectaron la operación cuando se intentó depositar el dinero en el banco Hapoalim, activando alertas por su similitud con actividades delictivas.
